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23-05-2018

Actualidad

El Pleno municipal considera que se deben proteger los derechos de los discapacitados en la Ley del Aborto

El punto que suscitó mayor debate en la sesión plenaria ordinaria correspondiente al mes de julio fue la moción sobre la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, en la que los socialistas pedían que las mujeres pudieran seguir interrumpiendo el embarazo en el caso de malformación del feto.


Dionisio Luguera, portavoz del PSOE, señaló que el Partido Popular aplica su política ideológica y «discrimina a la mujer», mientras que Florencio Roiz (PRC), opinó que la decisión de abortar «debe corresponder a la mujer y ser gratuita».


El alcalde, Julián Vélez, recordó que la reforma que propone el Partido Popular ya estaba incluida en el programa electoral y que ésta no supone ninguna merma de los derechos de las mujeres, sino «poner freno a un abuso contra los derechos de los discapacitados».


Consideró que la moción socialista no era coherente, ya que el Gobierno de Zapatero se adhirió en 2008 a la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (un texto que obliga a los estados firmantes a introducir los cambios necesarios para conseguir la igualdad real de oportunidades).


Sin embargo el PSOE no cumplió, y el comité de seguimiento de la convención amparada por la ONU advirtió a España, en octubre del año pasado, que debía «suprimir la distinción hecha en la ley del aborto para el supuesto de discapacidad». La moción se rechazó por siete votos en contra (PP) y cuatro a favor (PSOE y PRC).


En otra moción, el Grupo Municipal Socialista instó a la aplicación de la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, argumentado que España es un país «rural»; sin embargo, este sector «ha perdido protagonismo», a pesar de poder representar «una de las claves para sacarnos de la crisis», señaló Luguera.


Roiz consideró que el tema sobrepasaba el ámbito del municipio, y que debía tratarse por el Gobierno de la nación, si bien pidió que «no se cometieran los mismos errores».


Vélez respondió que es precisamente ahora cuando Cantabria está dando los pasos necesarios para desarrollar esa ley, ya que el Gobierno anterior «no llegó a firmar el protocolo necesario entre la Comunidad de Cantabria y el Estado» y que tampoco existían ‘planes de zona’. El siguiente paso hubiera sido la firma de convenios, que sólo llegaron a plasmarse en Galicia y La Rioja, porque las demás comunidades no cumplían con las condiciones de déficit exigido en la propia ley.


La moción fue rechazada por siete votos en contra (PP), dos abstenciones (PRC) y dos a favor (PSOE).


La moción referente a la supresión de las pagas extraordinarias para concejales se acordó por unanimidad dejarla  «sobre la mesa», y aplazarla hasta la celebración del próximo pleno, ya que se está redactando una normativa que regulará el funcionamiento general de los entes públicos, según explicó el alcalde.


Vélez informó que ha mantenido reuniones con la Federación Española de Municipios y con la Federación de Municipios de Cantabria, y añadió que se está gestando una «modificación del marco competencial», que afectará a la forma de gestionar todas las administraciones en sus múltiples aspectos.

 

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